En 1985 Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa a partir de denuncias que aseguraban que un comerciante de La Plata tenía una niña anotada como propia que podía ser hija de desaparecidos. Cuando el matrimonio fue citado por la justicia brindó un relato falso sobre el nacimiento y se opusieron a que se le realizaran las pericias científicas. En 1986 se fugaron a Paraguay con la niña.
El 31 de agosto de 2005 la justicia ordenó efectuar los análisis a raíz de otro pedido de Abuelas. Ante la negativa de la joven, se recogieron objetos personales de su domicilio a fin de extraer muestras de ADN. En junio de 2006 los resultados confirmaron que era la hija de María Elena y Mario. Este fue el primer caso en el que se determinó la identidad de una hija de desaparecidos a través de una medida judicial alternativa a la extracción de sangre. Esta herramienta permite que no recaiga en las víctimas la decisión de someterse a los estudios permitiendo, al mismo tiempo, que los familiares y la sociedad conozcan la verdad.
Sus padres permanecen desaparecidos.
