La condena de cuatro represores a prisión perpetua pidió la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en la parte final del juicio por el tercer tramo de la megacausa Subzona 15 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Mar del Plata y la zona. Su pedido se centró en los casos abordados durante el debate de dos víctimas mujeres que estaban embarazadas al momento de su secuestro y que tuvieron a sus hijos en cautiverio, quienes siguen siendo buscados, 50 años después.

A tres semanas de terminado el alegato de la fiscalía en el que se pidió prisión perpetua para los 16 represores que llegaron a esta instancia, este viernes se retomó en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata el juicio “Subzona 15 III” con el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, una de las querellas en el proceso.

Y la exposición de una hora y media de la abogada Colleen Torre terminó con el pedido de que se condene a prisión perpetua a Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Víctor Milanese y Carlos Alberto Suárez, integrantes de las planas mayores de la Subzona militar 15 y de las áreas 15.1 y 15.2 del Ejército.

La acusación de la querella estuvo limitada a los responsables de los dos casos que estuvieron bajo su representación, los secuestros de Nora Elba Bargas y Ester Liliana Lavalle, quienes estaban embarazadas al momento de ser secuestradas y cuyos hijos, nacidos en cautiverio, todavía siguen formando parte del listado de Abuelas de nietos por restituir.

La abogada reparó en que los delitos acusados “se continúan cometiendo y traspasan generaciones” y pidió que las futuras condenas sean inscriptas bajo el marco del crimen de genocidio.

Nora Elba Bargas estudiaba Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata y militaba junto a su pareja Daniel Alberto Patrucco en la Juventud Peronista.

Según la reconstrucción de la acusación, su casa familiar ubicada en la zona de Falkner y Patagones había sido epicentro de varios operativos militares y finalmente Nora fue secuestrada entre septiembre y octubre de 1976 mientras estaba embarazada y mientras preparaba documentación para poder salir del país ante la persecución sufrida.

A lo largo del tiempo no pudieron recopilarse testimonios que permitieran reconstruir su paso por alguno de los centros clandestinos ni tampoco sobre el nacimiento de su hijo o hija que debió ocurrió a fines de 1976, por lo que ambos se permanecen desaparecidos.

Por su caso, la querella pidió la condena a perpetua para Eduardo Jorge Blanco y se diferenció de la fiscalía al solicitar que en virtud de que continúa en calidad de desaparecida la calificación a aplicar sea la de desaparición forzada agravada por ser la víctima una mujer embarazada a partir de tratarse de un delito de carácter permanente.

Ester Liliana Lavalle (27), por su parte, se había radicado junto a su pareja Constantino José Valledor en Mar del Plata junto a su pareja hacia 1977 tras escapar de La Plata para esconderse de la represión a partir de su militancia en Montoneros.

Fue secuestrada el 4 de mayo de 1977 cuando había ido hasta la casa de otra integrante de Montoneros después de que secuestraran a su pareja y fue ahí cuando fue emboscada, atacada a tiros y trasladada al Hospital Regional.

La abogada querellante repasó documentación militar que dio cuenta de manera falsa que se había resistido a la detención con una pistola y que a partir de esa circunstancia había sido “abatida”, aunque luego los libros del Hospital Regional y el testimonio de profesionales de la salud permitieron reconstruir que allí fue trasladada e ingresada como NN y que al día siguiente, tras su paso por terapia intensiva, fue retirada por personal militar.

La reconstrucción dio cuenta que su hijo nació ese día y ella finalmente fue asesinada, probablemente durante posteriores sesiones de tortura. Sus restos fueron exhumados en 1983 en el Cementerio Parque de Mar del Plata, donde había sido inhumada como NN el 10 de mayo de 1977. Su hijo también forma parte del listado de Abuelas de nietos por restituir.

En ese sentido, entre los pedidos realizados al terminar su alegato, además de la condena para Toccalino, Milanese y Suárez por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio, la abogada Colleen Torres solicitó al Tribunal que ordene la extracción de copias de pruebas incorporadas en el juicio y de la declaración como testigo de Constantino Valledor, hijo de Liliana, para ordenar al Juzgado Federal de turno iniciar una investigación sobre el destino del bebe apropiado.

Tras esta audiencia, el juicio –iniciado en octubre de 2024– continuará con su lento trámite y la próxima audiencia para seguir con los alegatos será recién el viernes 7 de agosto, después de la feria judicial de invierno.