Desde Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Capital repudiamos los dichos del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, expresados ayer en la 2214ª sesión del 83° período de sesiones del Comité Contra la Tortura. En este sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación ante su falta de apego a la verdad y su desconocimiento al trabajo de un organismo de Naciones Unidas al que organizaciones civiles del mundo entero acuden para denunciar los atropellos de sus gobiernos.

Visiblemente enojado por las explicaciones que el Comité Contra la Tortura solicitó al Gobierno nacional sobre el desmantelamiento de las políticas de memoria y derechos humanos, el Subsecretario negó este vaciamiento, mintió sobre cada punto en el que el Comité solicitó explicaciones y agredió a los organismos que venimos acercando las denuncias sistematizadas a la comunidad internacional y organismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos.

Baños rechazó haber dejado de lado las políticas de Memoria. Sin embargo, desde la asunción de este gobierno se ha despedido o empujado al retiro “voluntario” (en definitiva extorsivo) a la gran mayoría de la planta de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia, y se han eliminado instituciones destinadas a la promoción y defensa de derechos de minorías como el INADI y el Ministerio de las Mujeres. Además, se bajó el rango de la secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría, lo que agrava la reducción de personal y presupuesto para llevar adelante políticas públicas destinadas a la solución de problemáticas vinculadas a las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura -que continúan sosteniéndose en el presente- pero, también, de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Concretamente, estas políticas ahora deben ser implementadas por un plantel que se ve reducido en algunas áreas en hasta un 60 por ciento, afectando gravemente su capacidad de trabajo y el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas.

El subsecretario, en cambio, habló de que el gobierno está cumpliendo las políticas de Memoria de una manera “amplia”. Desconocemos a qué se refiere: durante su gestión no se ha hecho más que desmantelar y atacar políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia que comprobó que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y no una guerra, como el gobierno pretende reinstalar. En lo que respecta al derecho a la identidad en particular, se ha afectado la búsqueda de los nietos y nietas obstruyendo la tareas que lleva adelante la CoNaDI y se intentó modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Baños también afirmó que no han cerrado los sitios de Memoria. Su argumentación es falaz: los sitios de memoria vieron reducido su personal a la mínima expresión, poniendo en riesgo su funcionamiento y preservación. Las actividades abiertas a la comunidad son fuertemente limitadas, al igual que la participación de la sociedad civil en su organización. En este punto, el Museo Sitio Esma debió acotar sus visitas de cinco a tres veces por semana porque se redujo la cantidad de guías. En la misma línea, se han censurado diversas actividades de promoción de la memoria y desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), se encuentra cerrado. Sin trabajadores y trabajadoras no hay sitios de memoria. 

El subsecretario se jactó del funcionamiento del Centro Fernando Ulloa pero, en los hechos, por la reducción de personal, se ve comprometida su capacidad de brindar acompañamiento adecuado en salud mental a las víctimas y testigos durante el proceso judicial, una tarea fundamental para prevenir la revictimización y garantizar que puedan prestar testimonio en condiciones adecuadas. Expresamente además, se eliminó su función de asistir a las y los querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos.

Como respuesta a nuestras acusaciones y denuncias de regresión de derechos, el ex juez llamó “negocios” a las políticas de derechos humanos, y acusa corrupción. Claramente, es  parte de la estrategia de desprestigio, hostigamiento y persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y una excusa para justificar el desfinanciamiento. 

El funcionario se quejó también de los pedidos de acceso a la información que la sociedad civil en ejercicio de su legítimo derecho ha hecho. El acceso a la información es una forma de control ciudadano que fortalece la democracia y la transparencia de los actos de gobierno.

Como si fuera poco, el subsecretario acusó a los “organismos” de no tener interés por la verdad, y volvió a cuestionar el número de los 30.000. Ya se ha demostrado, a través de los juicios de lesa humanidad, que la cifra se desconoce con exactitud porque la dictadura ejerció la represión de manera ilegal. En 1978, documentos desclasificados por la misma embajada de EEUU hablaban de 22.000 desaparecidos por razones políticas.

La actuación de Baños ante el Comité es una muestra más de que a este gobierno no le interesa la memoria. Nos avergüenza, porque, en tanto representante del país, intenta degradar todo lo que la Argentina ha construido desde el regreso de la democracia hasta hoy, especialmente en materia de derechos humanos. Además, denosta los compromisos asumidos por el Estado en los tratados internacionales con rango constitucional y los mecanismos que garantizan su cumplimiento. Resulta alarmante que, habiendo sido juez, muestre una inclinación tan marcada hacia la mentira y el desprecio por los valores institucionales y las obligaciones que resguardan nuestras garantías fundamentales.

Ante el Comité, el subsecretario insistió con la idea de “memoria completa”, pretendiendo volver sobre la teoría de los dos demonios que ya fue desestimada por la Justicia. Nosotros también querríamos que la memoria se complete: con información acerca de dónde están los 300 nietas y nietos apropiados que faltan, con el destino de los 30.000 desaparecidos, y la verdad sobre lo que hicieron con ellos. Lo poco que se conoce sobre lo ocurrido con las víctimas de la dictadura ha sido gracias a la valentía de los y las sobrevivientes y a las políticas de Estado de gobiernos anteriores, que permitieron ir identificando a algunos de nuestros familiares en fosas comunes. Ningún genocida confesó qué hizo con ellos.

Pese a sus acusaciones, justificaciones y mentiras, los organismos seguiremos denunciando estos atropellos y continuaremos trabajando por la memoria, la verdad, la justicia y en defensa de la democracia, como lo hacemos hace casi 50 años.