Una vez más, denunciamos el vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei, en esta oportunidad con el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria Esma al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y hoy también con la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Se subordinan organismos dedicados a la memoria histórica a una estructura distinta, sin garantías de continuidad funcional ni preservación documental. La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, sin explicar las razones ni hacer participar de la decisión a la ciudadanía ni a las víctimas. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período.

Nos preocupa enormemente el destino del BNDG a partir del decreto de esta mañana. Quién y cómo administrará los recursos materiales y humanos; quiénes tomarán las decisiones. También nos preocupa la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría y sus implicancias en lo que respecta a la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad (CoNaDI), cuyo personal ya ha sido reducido al 67%, lo cual afecta la búsqueda de los casi 300 nietos y nietas que faltan. ¿Quién garantizará el derecho a la identidad con esta Comisión reducida a su mínima expresión? En el mismo sentido, en lo que se refiere a la descentralización del ANM, nos preocupa saber qué pasará con el acervo documental que incluye la CONADEP y las 6300 muestras de sangre recolectadas en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que impulsó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La descentralización del Sitio para la Memoria Esma es otro motivo de honda preocupación. El pase al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y la pérdida de autarquía, deja al museo sin directora, sin decisión ni autonomía sobre el presupuesto, sumado a la reducción del personal que ya viene sufriendo desde la asunción de Milei. El Sitio fue declarado en 2023 Patrimonio Mundial de la Unesco, Monumento Histórico Nacional y Bien Cultural del Mercosur, pedimos a estos organismos que se hagan eco de esta preocupación que pone en peligro un espacio de valor excepcional que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Los sitios de Memoria son piezas fundamentales para la transmisión de la memoria y garantía de no repetición de estos crímenes. Su preservación es fundamental para que puedan servir a tales fines y como prueba judicial.

Todas estas medidas perjudican de manera directa la búsqueda de los nietos y nietas y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. También ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino: el deber de investigación, juzgamiento, sanción y reparación adecuadas y adopción de medidas de no repetición de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron.

Las medidas que denunciamos no constituyen simples actos de racionalización administrativa, sino que expresan una clara orientación ideológica tendiente a reducir las áreas del Estado garantes de todos los derechos de los ciudadanos. El gobierno, bajo el pretexto del "ahorro" y mediante una política de ajuste, aplica indiscriminadamente recorte sobre todas las áreas sensibles destinadas a la promoción y garantía de derechos.

Por eso llamamos a la sociedad y al mundo a que mire lo que está sucediendo en nuestro país y actúe en consecuencia. Debemos defender los valores democráticos y los derechos humanos, que tanto nos costó conseguir. Estas instituciones son nuestro patrimonio y el legado para las futuras generaciones, defenderlas es nuestro compromiso con la humanidad. Hay que frenar el avasallamiento de derechos y la destrucción del Estado, antes de que sea tarde y ya no quede nada.