“Las Abuelas y mi familia me buscaron durante 21 años. Nací en 1978 y crecí sin saber cuál era mi verdadero origen. Soy el primer nieto encontrado en manos de personal de la Fuerza Aérea. El 6 de octubre de 1978, mi papá fue secuestrado en el local que tenía en Martínez por un grupo de tareas, encabezado por Carlos Vásquez Sarmiento, uno de los que aparece en la foto con los legisladores de La Libertad Avanza. El mismo grupo fue a nuestro domicilio, yo estaba en el vientre de mi mamá, ella cursaba ocho meses de embarazo, y fuimos llevados a un centro clandestino que quedaba en el centro de Morón, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, RIBA. Tras más de un mes de torturas incesantes que le practicaron a mi padre, fuimos conducidos a la ESMA. Mi mamá fue asistida por ‘el partero de la ESMA’, Jorge Luis Magnacco, quien atendió más de una docena de nacimientos allí, y después de unos tres días, fui separado de ella, que fue trasladada nuevamente, y yo fui apropiado”.

“Mi abuela, Rosa Roisinblit, es viejita, tiene 104 años, y todavía está esperando saber qué es lo que pasó con su única hija, dónde están sus restos, quién es el responsable de su deceso. Y yo estoy esperando saber cuándo fue la fecha en que fallecieron mis padres. Vivo en un constante duelo, hasta que no sepa dónde están los restos de mis padres, que continúan desaparecidos, como estuve yo también durante 21 años”.

Con un relato contundente de su historia, Guillermo Pérez Roisinblit, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas, participó de la audiencia de la comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados –que preside Sabrina Ajmechet, legisladora del PRO–, junto con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, referida al cumplimiento de la Ley 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado”, pero que también giró en torno a la visita de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse allí con un grupo de genocidas presos.

“Nos preocupa la conducta de los legisladores. Astiz, por mencionar sólo a uno de los genocidas que fueron a visitar, está condenado por 32 homicidios, 647 secuestros con las respectivas aplicaciones de torturas, y en su haber tiene la responsabilidad penal por la apropiación de 15 de nosotros. No son simples viejitos. Hace casi 50 años atrás eran jóvenes, pero eso no implica que no supieran distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que es un acto lícito y otro ilícito, y esta responsabilidad, más allá del tiempo de impunidad que gozaron, hace que no corresponda la visita de los legisladores de esta cámara ni de ninguna otra. Ustedes fueron elegidos para representar a la ciudadanía y brindarnos mejores leyes para nuestro bienestar, y hacer lobby y tratar de dejar en libertad a estos criminales no tiene nada que ver con eso. Nadie tiene el prontuario macabro de Astiz, cuyos delitos, además, son imprescriptibles”, remarcó Pérez Roisinblit.

Durante la audiencia, también expusieron Claudia Careaga y Cecilia De Vicenti, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Paula Eugenia Donadío y Virginia Franco, de H.I.J.O.S Capital; Verónica Torras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Miguel Ángel D´ Agostino, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”. Careaga contó la desaparición de su madre en la dictadura y el posterior secuestro de su hermana. “Estuvimos muchos años buscándolas y recién en 2005 pudimos recuperar sus restos que aparecieron en las costas de Santa Teresita en diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN y recuperados por el Equito Argentino de Antropología Forense”, detalló.

De Vicenti, a su turno, sostuvo que “la desaparición era no saber dónde estaba tu familiar, no saber qué le pasaba y no tener ninguna noticia”. En ese sentido, explicó cómo fue que Alfredo Astiz hizo para infiltrarse en la Iglesia de la Santa Cruz y el secuestro de su madre. “Mi papá se murió sin saber y mis hijos no tuvieron abuela”, subrayó. En tanto, Virginia Franco, recordó que tenía un año de edad cuando fue secuestrada y llevada a la ESMA. “Lo que me preocupa es qué va a pasar con los responsables de nuestro secuestro, si vamos a tener que caminar por las calles nuevamente con ellos, no entendemos cuál es la estrategia del Gobierno con respecto a esto. Esto genera impunidad”, afirmó. Su compañera de H.I.J.O.S, Paula Donadío, dijo que su madre pudo declarar en 2013 ante un tribunal “porque los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes y el pueblo argentino definieron que la vía para no repetir esos crímenes, vivir en una democracia plena y que nos sirva a todos, era juzgar los crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, Verónica Torras, del CELS, hizo hincapié en que “este tema no es una cuestión partidaria ni de los organismos de DDH; esto tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad argentina, del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país”, enfatizó. Como último orador, Miguel Ángel D´ Agostino, sobreviviente del “Club Atlético” y testigo en causas de lesa humanidad, solicitó que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante una investigación sobre lo ocurrido con los legisladores.