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Noticias · 06 de marzo de 2019

Una historia de la infamia empresarial contra la clase trabajadora

  • Fuente: Abuelas
  • Autor: Tomás Ojea Quintana y Eugenia Sampallo Barragán

El juicio por los secuestros y torturas a 24 obreros de la automotriz de origen estadounidense, un antes y un después en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

El 11 de diciembre de 2018 finalizó el juicio por los secuestros y torturas padecidas por 24 trabajadores de Ford Motor Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de San Martín, integrado por los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Mario Jorge Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, condenó a Santiago Omar Riveros, Héctor Francisco Jesús Sibilla y Pedro Müller a las penas de 15, 12 y 10 años de prisión respectivamente.

A partir del 24 de marzo de 1976 cambió sustancialmente la situación laboral en la planta que la automotriz tenía en la localidad bonaerense de Pacheco. Aquel día tres trabajadores fueron secuestrados mientras realizaban sus tareas; días después otro más; casi a fines de marzo otros siete en sus casas. En abril se realizaron 11 secuestros en la planta y dos más en agosto. No todos eran delegados, pero sí participaban en algún tipo de actividad gremial dentro de la fábrica.

Ya al día siguiente del golpe la empresa les había comunicado que quedaba disuelto el cuerpo de delegados y la presencia de efectivos del Ejército se hizo permanente. Estos se habían instalado en un sector que los trabajadores tenían para su recreación, una zona con quinchos visible desde la Ruta 9 que a partir de entonces les estuvo vedada. Allí, en los quinchos, fueron torturados 14 trabajadores; desde aquel lugar fueron trasladados a la Comisaría de Tigre, en donde continuaron los tormentos y los interrogatorios.

Quienes fueron secuestrados en sus domicilios por grupos de tareas con credencial de Ford en mano para identificarlos, fueron llevados primero a la Comisaría de Ingeniero Maschwitz, antes de ser reunidos con sus compañeros en Tigre. Con el tiempo todos pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y permanecieron alojados en distintas cárceles -Devoto, UP9 de La Plata y Sierra Chica- hasta ser liberados entre octubre de 1976 y junio de 1977; uno de ellos fue expulsado del país. Estando bajo secuestro, mediante telegrama, la empresa los intimó a que se presentaran a trabajar, bajo apercibimiento de despido por ausencia injustificada.

Fábrica de terror

Durante años denunciaron que sus secuestros habían sido llevados adelante con total conocimiento de las autoridades de la empresa, incluso con su colaboración. Si bien la presencia de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Ejército ya era común desde antes, a partir del golpe estos últimos tuvieron su propia “guarnición”. Dormían y comían en la planta, controlaban la entrada y la salida de los trabajadores y se les proveían vehículos y combustible. A ellos se les sumaba el personal de seguridad de la fábrica y el de inteligencia infiltrado entre los trabajadores. Ford estaba interesada en anular completamente la actividad gremial, a la que le atribuían la merma en la producción. Por ello confeccionaron los listados con los cuales se realizaron los secuestros y entregaron la documentación que poseían sobre los trabajadores a las fuerzas militares. En las actas de la empresa consta que en el segundo semestre de 1976 lograron incrementar la producción y bajar el ausentismo.

En aquella época Pedro Müller se desempeñaba como gerente de Manufactura y, cuando el Presidente se ausentaba, actuaba como tal. Era responsable de la producción e integraba el directorio de la empresa; era quien tomaba las decisiones y controlaba a los supervisores y capataces. Por su parte, Héctor Francisco Jesús Sibilla -mayor retirado en 1962, ascendido en julio de 1976 al grado de Teniente Coronel y empleado de la Oficina de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos hasta 2004- era en aquel tiempo supervisor de Seguridad de Planta. Bajo sus órdenes operaba una empresa de seguridad, ORPI SRL, integrada por ex agentes de las FFAA. Controlaba los ingresos y egresos del personal, visitas y vehículos y los intereses de la empresa. Ambos fueron condenados por ser partícipes necesarios de los secuestros y torturas. Nicolás Enrique Courard, presidente de la compañía, y Guillermo Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales, también fueron acusados pero murieron antes de poder ser condenados.

Santiago Omar Riveros, como comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo desde septiembre de 1975, fue el responsable militar máximo por los secuestros y torturas de los trabajadores de Ford. Antonio Francisco Molinari, quien en 1976 se desempeñaba como subdirector de la Escuela de Ingenieros en Campo de Mayo, estuvo presente en los secuestros e interrogatorios, además de entrevistarse con los familiares, a quienes les reconoció la responsabilidad de Ford. Riveros sumó una condena más pero Molinari murió impune.

El legado del juicio

Con las condenas judiciales a los gerentes de Ford se alcanzó una conquista fundamental para la historia reciente de nuestra Argentina: la prueba judicial irrefutable de que la última fue una dictadura cívico-militar, donde se instauró un aparato estatal de terror impulsado por ciertos grupos económicos que, convenientemente, se valieron e interactuaron con ese aparato represivo para maximizar sus ganancias, barriendo cobardemente con las y los trabajadores, sus derechos adquiridos, y sus organizaciones de base. Este es el legado más importante del juicio Ford: haber inscripto en la historia la infamia del accionar de las corporaciones económicas contra la clase trabajadora.

Otros juicios penales contra empresarios por su participación en el terrorismo de Estado cuentan ahora con las condenas del juicio Ford como referencia. Mercedes Benz, Siderca, Ingenio Ledesma, son algunas de las compañías que están siendo investigadas por la desaparición de trabajadores. Aunque hayan pasado más de 40 años desde que ocurrieron los hechos, estos juicios son imprescindibles ya que los empresarios deben rendir cuentas, no sólo por un imperativo de justicia y por las víctimas, sino como forma de enderezar sus prácticas y evitar así que se vuelvan a valer de las estructuras represivas del Estado para alcanzar sus intereses económicos. En última instancia, las empresas responden a esos intereses y por eso el rol ordenador y rector del Estado, como siempre, es fundamental.

En el juicio de Ford se condenó a los ejecutivos de máxima jerarquía de la automotriz, y quedó establecida la responsabilidad de la empresa en los hechos. Sin embargo, la compañía Ford Motor no fue enjuiciada, ya que la ley no contemplaba la responsabilidad penal de empresas. La Ford nunca rindió cuentas por sus crímenes; hasta se negó a brindar explicaciones cuando en 1984 la CONADEP la interpeló frente al testimonio de los trabajadores. Mantenerse en silencio o cargar responsabilidades en otros ha sido su única actitud, y es posible que la condena de sus gerentes no haya implicado para la empresa ningún costo social o económico. Pero existen todavía algunas opciones jurídicas, y seguramente Ford Motor Argentina tendrá que rendir cuentas frente a la sociedad argentina, pero en los tribunales. 

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