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Noticias · 12 de diciembre de 2020

Una bocanada de justicia

  • Fuente: Abuelas
  • Autor: Abuelas

Tras más de dos años de debate oral, los magistrados dieron a conocer la sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de La Matanza.

Ubicada en la calle Salta 2.450 de La Matanza, la Brigada de Investigaciones de San Justo funcionó como centro de tortura, detención y de distribución de niños y bebés. En diciembre, después de años de lucha de las víctimas y sus familiares, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata a cargo de la causa dictó sentencia.

Diez perpetuas, seis penas de 25 años y una absolución fueron el saldo de este juicio. Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de la Dirección General de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, sumó su octava condena a prisión de por vida. Similar castigo recibieron Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura; Jorge Héctor Vidal, médico policial; Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex integrante del Destacamento 101 de Inteligencia y apropiador de una nieta; Héctor Horacio Carrera, ex guardia; Leopoldo Luis Baume, segundo jefe de la Brigada; Raúl Carballo, ex guardia; Emilio Alberto Herrero Anzorena, ex capitán, integrante del Destacamento 101 de Inteligencia; Carlos María Romero Pavón, ex jefe de la Sección Reunión Interior del Destacamento 101 de Inteligencia; y Ricardo Armando Fernández, ex capitán, integrante del Destacamento 101 de Inteligencia.

El tribunal, presidido por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jazaro y Pablo Vega, sentenció a Roberto Armando Balmaceda, ex teniente primero; Rubén Alfredo Boan, ex guardia; Jorge Héctor Di Pasquale, excapitán, integrante del Destacamento 101 de Inteligencia; Ricardo Juan García alias “Rubio” o “Rugby”, ex guardia; Rodolfo Enrique Godoy, segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela y jefe del área 114; y Alejandro Alberto Menichini, ex jefe de la Brigada, a 25 años de prisión. Asimismo, en una inexplicable decisión, absolvió al imputado Roberto Armando Félix, quien tuvo el cargo de segundo jefe de la Brigada. Además, el espacio donde funcionaba la Brigada de San Justo fue declarado Espacio de la Memoria.

Frente al tribunal, durante del día de la sentencia, se reunieron familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos. Las hermanas María y María José "Cocó" Lavalle Lemos, leyeron frente a los TOF de La Plata el documento de las querellas y repasaron el funcionamiento de la Brigada, por donde pasaron sus padres, Mónica María Lemos y Gustavo Antonio Lavalle, junto con la propia María que días después fue entregada a unos vecinos y recuperada por su familia. Mónica estaba embarazada, al igual que las detenidas María Asunción Artigas y Mónica Sofía Grinspon, quienes permanecieron allí y fueron trasladadas al Pozo de Banfield para dar a luz. Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente, nacieron en ese infierno. Desde Abuelas aún buscamos al hijo o hija de Mónica Grinspon. Además, María José, recién nacida, fue entregada en la Brigada de San Justo a quien la inscribió como hija propia, la apropiadora Teresa Isabel González.

Durante la etapa de testimoniales, las hermanas Lavalle Lemos –ambas históricas integrantes de Abuelas– declararon en el juicio. María José recordó que en la instrucción del juicio participó de una inspección ocular a la Brigada de San Justo y que pudo reconocer el lugar a donde la llevaba su apropiadora. “Fue muy impactante”, confesó y subrayó: “Son muchos años que viví con otra gente, gente extraña, gente que además había dañado a mi propia familia”. Por su parte, María evocó sus miedos infantiles a los uniformados y sus convulsiones que con el tiempo también se fueron yendo. “Tenía un año y tres meses cuando estuve secuestrada con mis papás –reflexionó–, el lenguaje comienza a desarrollarse justo a esa edad. Era mi manera de decir qué era lo que había pasado estando detenida con ellos".

En la causa se investigaron los casos de 84 víctimas, de las que 31 continúan desaparecidas. Lamentablemente, antes de que el TOF 1 activara el juicio oral, cuatro imputados fallecieron: Rodolfo Aníbal Campos, Anselmo Pedro Palavezzati, Hugo Ildebrando Pascarelli y Ricardo Luis Von Kyaw, entregador del nieto restituido Sebastián Casado Tasca, en un capítulo más de la tan mentada impunidad biológica que ha favorecido a decenas de represores.

Etchecolatz, de 91 años, siguió la audiencia virtual en la que se dio a conocer el veredicto desde el penal de Campo de Mayo, donde se encuentra detenido, portando con un cartel que decía "Señor Jesús: si me condenan es por haber defendido tu causa". El cinismo y la falta de arrepentimiento del genocida, reiterados en cada oportunidad que estuvo en el banquillo, avalan el imperativo de que semejantes criminales deben permanecer en la cárcel, sin los beneficios de la domiciliaria. En este juicio, Etchecolatz fue hallado responsable secuestros y torturas en perjuicio de 54 personas, siete de ellas asesinadas a raíz de los tormentos.

A pesar de las postergaciones, las dilaciones y la pandemia, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sigue firme gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos sin cuyo impulso nunca habría avanzado. ¡30 mil detenidxs desaparecidxs presentes! ¡Ahora y siempre!

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