Prensa

“Las Abuelas venimos recorriendo tribunales desde antes de nuestra creación. Primero en soledad ante la desaparición del hijo o hija, y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas.

Luego nos reunimos y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y de provincia, buscando a nuestros nietos y convencidas de que la lucha debía ser colectiva.

Pese a lo auspicioso del inicio del gobierno de Alfonsín y el Juicio a las Juntas, la sanción de las leyes de impunidad y su convalidación por la Corte Suprema (a excepción del ministro Bacqué) fueron un duro golpe. En 2017, con el fallo ‘Muiña’, volvimos a experimentar esa sensación.

Aún en momentos de impunidad seguimos acudiendo al poder judicial. Convencidas de la verdad de nuestros reclamos fuimos a instancias internacionales. A partir de ser oídas en el exterior pudimos construir en nuestro país el camino de justicia para nuestros desaparecidos.

En 2004, con el fallo ‘Arancibia Clavel’, la Corte nos dio una luz de esperanza que terminó cristalizando en 2005 con el fallo que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El fallo ‘Simón’ tuvo como antecedente el juicio por la apropiación de nuestra nieta Claudia Poblete, cuando, tras la condena a sus apropiadores, quedó expuesta la insoportable impunidad de los secuestradores y torturadores de sus padres. Fue la oportunidad de la Corte para reivindicarse.

A partir de allí empezaron a juzgarse a los responsables de los crímenes de la dictadura con todas las garantías del debido proceso. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar a fines de 2015.

La situación moldeada desde la escandalosa irrupción de Rosenkrantz y Rosatti a través de un decreto del entonces presidente Macri, puso de manifiesto el menosprecio a la Carta Magna.

Ese vicio de origen, pese a la subsanación posterior, parece haber sido una marca indeleble que se fue reproduciendo en decisiones de la Corte, buscando horadar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Como un preaviso, debemos remontarnos al fallo ‘Fontevecchia’ de 2017. En este caso la Corte determinó que no estaba obligada a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), contraviniendo obligaciones asumidas por el Estado argentino y su propia jurisprudencia.

Lo más peligroso fue el mensaje: el de una pretendida relatividad de las sentencias de la Corte IDH. Recordemos que fallos de la Corte IDH fueron determinantes en el proceso de justicia y la Corte Suprema decidió tomarlos, siendo ejemplo categórico el célebre ‘fallo Simón’.

No podemos dejar de señalar que el 18 de abril de 2017 la Corte se pronunció en el fallo ‘Alespeiti’, por el cual concedió domiciliaria al ex militar Felipe Alespeiti, condenado a 22 años de prisión, revocando una resolución de la Cámara Federal.

Lo llamativo es que, como luego en ‘Muiña’, la Corte eligió fallar, cuando en casi todos los expedientes que no revisten gravedad institucional, los desestima, sin tratamiento (así lo entendió Highton en su disidencia).

Dos semanas después, el 3 de mayo de 2017, sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismos, el fallo ‘Muiña’, que abría la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes y a quienes gozaban de la domiciliaria.

El fallo desnudó el cinismo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, ya que el resultado que propugnaron en ‘Muiña’ lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas.

En ‘Muiña’, con la aplicación del 2x1, esbozaron un estándar general y Rosatti, Rosenkrantz y Highton (quien borró con el codo sus anteriores votos) fallaron favoreciendo a los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia, a sabiendas de que la doctrina y jurisprudencia indicaban lo contrario.

Al mismo tiempo, subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo, y a la reacción política de este Parlamento, que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632, consagrando los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente.

Debemos destacar que la inmensa mayoría de los tribunales inferiores decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña, incluso antes de la aprobación de la ley 27.632, contraviniendo como nunca antes una decisión suprema.

Rosatti y Highton debieron volver sobre sus pasos, echando mano a esa nueva ley, pese a que la misma no había hecho más que recoger precedentes de la propia Corte, firmados todos por Highton. Rosenkrantz mantuvo su voto, del mismo modo que Lorenzetti y Maqueda.

Entre febrero y mayo del 2017 la Corte Suprema, como cuerpo, pretendió una regresión en la jurisprudencia iniciada en 2004, primero acotando las obligaciones internacionales del Estado argentino en derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo ‘Fontevecchia’, para luego plasmarlo en un caso individual pero de proyección ilimitada en ‘Alespeiti’, y consagrarlo en una norma de impunidad general en ‘Muiña’.

Tampoco podemos dejar de señalar la lentitud de las causas que tienen sentencia pero que aún esperan la confirmación de la Corte. A modo de ejemplo llegamos al extremo de la muerte de Blaquier en marzo de este año, como expresión de impunidad biológica amparada por la Corte y su pereza voluntaria. O el caso de los juicios por centros clandestinos de la jurisdicción de La Plata: ninguno se encuentra firme. La Corte jamás esbozó una mínima directiva para optimizar los juicios, ni siquiera durante la pandemia.

Por último, debemos hablar de la inactividad de la Comisión Interpoderes. Desde su creación en 2009 fue un espacio de intercambio y su funcionamiento fue propicio para solucionar diversas cuestiones.

Dado que la comisión no se reunía desde 2016, en mayo de 2020 las Abuelas y el CELS solicitamos a la Corte y a la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad su puesta en funcionamiento para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios.

No se obtuvo respuesta hasta que el ministro Rosenkrantz, en ejercicio de la presidencia de la Corte, la convocó en octubre de 2020 en medio de un conflicto político con el Gobierno. Sabiendo que la convocatoria no era más que una puesta en escena, decidimos no asistir. Tan cierta fue nuestra sospecha que luego no hubo ninguna medida o acción concreta, y Rosenkrantz no volvió a convocarla. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tampoco lo ha hecho.”