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Después de más de cuatro meses de suspensión a raíz de las medidas sanitarias y de la feria judicial extraordinaria dispuestas por la pandemia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata retomó las audiencias en el juicio que se sigue a 18 ex policías, ex militares y civiles acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura.

Las audiencias se retomaron a través de la aplicación Zoom con el alegato de la defensa oficial y fueron transmitidas en vivo a través de la cuenta de Twitter @TOF1LaPlata. La fiscalía y las querellas –entre las que se encuentra Abuelas– solicitaron que para el veredicto debe garantizarse un lugar para la realización presencial, con las medidas pertinentes. Se estima que restan unos dos meses de debate.

El juicio lleva casi dos años de audiencias. Los alegatos del Ministerio Público Fiscal culminaron en diciembre pasado con los pedidos del fiscal general Alejandro Alagia y del auxiliar fiscal Agustín Vanella parar que se impongan penas de entre 15 años de prisión y prisión perpetua para los 18 acusados. Previamente, en septiembre, habían ampliado la acusación por homicidios y delitos sexuales.

El tribunal está integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo. En el debate se tratan los delitos cometidos contra 84 víctimas entre marzo de 1976 y septiembre de 1978. La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionó contigua a la Comisaría 1ª de La Matanza, en la calle Salta 2450. El lugar utilizado para confinar a perseguidos políticos fueron los calabozos de la planta baja y tres habitaciones de la planta alta del edificio.

Entre los casos que analizan los magistrados se encuentran los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos (ver pág. 4), restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.

Asimismo, se investigan los hechos en torno a las dos hijas de Mónica Lemos: María, la mayor, quien luego de ser secuestrada junto a sus padres permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a su abuela, y su hermana, María José, quien fue apropiada por una policía, Teresa Isabel González, que la inscribió como hija propia. También se analizan los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle, ambos secuestrados junto con sus compañeras e hijas.

La Brigada de San Justo funcionaba en Salta 2450, partido de La Matanza, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de esa localidad. En el juicio están imputados integrantes del Ejército, de la Policía bonaerense y miembros del gobierno de facto de la provincia: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Área 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes formaron parte del Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino, que facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La defensa oficial de los represores, como era previsible, basó su alegato en la cuestión de que por el rango no podrían estar acusados y en las discrepancias entre los aportes testimoniales y lo que figura en sus legajos, algo completamente lógico tratándose de terrorismo de Estado, puesto que las funciones que cumplían y los lugares donde fueron vistos no eran consignados en el papel.

Cuestionaron además los reconocimientos que hicieron los testigos en las audiencias de debate y pidieron que no se apliquen las penas accesorias en el caso de condena, las referidas a la baja por exoneración por los servicios prestados en la fuerza, y pidieron que se mantengan los arrestos domiciliarios, que las partes acusadoras exigen que se revoquen en caso de condena. Se anuncia la continuidad del juicio para el miércoles 5 de agosto a las 10.