1. La conexión del “Pozo de Quilmes” con el Hospital Municipal de Quilmes:
Por su cercanía y cierta connivencia de sus autoridades y algunos profesionales con las fuerzas de seguridad, el Hospital Municipal de Quilmes (ubicado a metros del CCD) funcionó, en casos extremos, como una dependencia de asistencia médica del “Pozo de Quilmes”. Existen varios casos paradigmáticos relatados por sobrevivientes:
-Elda Viviani. Según el testimonio de Cristina Gioglio, Elda Viviani padecía asma, y sufrió una descompostura estando detenida-desaparecida en el “Pozo de Quilmes”. Para su atención, fue trasladada al Hospital de Quilmes donde permaneció internada alrededor de dos días, custodiada por una guardia del CCD. Allí recibió tratamiento, aparentemente sin quedar registrada en los libros del Hospital, y luego fue trasladada al Destacamento de Arana junto con un grupo de prisioneros.
-Silvia Isabella Valenzi. El caso será profundizado en el apartado respectivo a las embarazadas desaparecidas del CCD.
-José Mario Martínez y María Antonia Castro. Según los testimonios de Ivonne Cappi y Nelson Mezquida, esta pareja de uruguayos también fue llevada allí cuando José Mario Martínez sufrió varios ataques de asma: “Allí (en el “Pozo de Quilmes”) había sido torturado un joven asmático (José Mario Martínez), una vez que había sufrido un paro cardíaco fue asistido por su esposa (María Antonia Castro) que era médica y fue recuperado. Se le siguió torturando y volvió a sufrir un nuevo paro. Esta vez fue llevado a un establecimiento de asistencia médica. Los otros detenidos debido a la rapidez con que volvió uno de los cabos pudieron constatar que era muy cerca del lugar. Por estos indicios se llegó a la conclusión que el lugar era el Hospital o el Sanatorio de Quilmes. Ni el torturado asmático ni su esposa fueron retornados”.1
-Eduardo Castro Gallo y Miguel Ríos. Similar al caso anterior. Alberto Illarzen declara que “Por Aida Sanz supimos que […] de donde estábamos, el 27 de diciembre habían sacado a los compañeros Gallo y Miguel Ríos en muy mal estado, debido a las torturas recibidas y conducidos, según los oficiales al Hospital, pero nunca regresaron ni se supo más de ellos”.
2. Conexión del “Pozo de Quilmes” con otros CCD del circuito represivo:
Como ya reseñamos anteriormente en este informe, el “Pozo de Quilmes” cumplió una función específica dentro del circuito de centros clandestinos de la Provincia de Buenos Aires (conocido como “circuito Camps”), como eslabón de “depósito de prisioneros”, lugar de obtención de información, y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada detenido-desaparecido: el traslado final (asesinato) o la “legalización”, para la cual pasaba por alguna comisaría y luego era destinado a algún penal.
La mayor parte de los secuestrados —hombres y mujeres— que seguían el camino de la legalización eran trasladados desde el CCD a la Comisaría 3º de Lanús (en Valentín Alsina), en donde recibían el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y luego de un tiempo eran redistribuidos a las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, en las que permanecían hasta su eventual liberación. El régimen de reclusión era tortuoso, aunque recibían comida con más regularidad y generalmente permanecían destabicados. Pero el circuito no seguía un patrón sistemático. A veces, antes (o en lugar) de recalar en Valentín Alsina eran pasados por otras comisarías, como la 60º de Monte Grande o la Comisaría 8º de La Plata, que dentro del circuito de CCD también cumplían la función de lugares de alojamiento previos a la “legalización”.
La otra posibilidad era el traslado final. Una de las fórmulas más utilizadas por la dictadura para “blanquear” los cadáveres era la simulación de un enfrentamiento: los secuestrados eran fusilados y abandonados en terrenos alejados o baldíos, aunque las autoridades —con la inestimable intervención de una prensa cómplice— anunciaban que habían muerto enfrentando a las fuerzas de seguridad. Para ello, los represores debían disimular las pésimas condiciones físicas en las que se encontraban las víctimas luego del régimen inhumano de cautiverio que habían atravesado. Gustavo Calotti contó que en Quilmes “a varias personas antes de trasladarlas las llamaban, las hacían sentar en una especie de patio interno o un pasillo entre las celdas, y los alimentaban, les permitían lavarse y eso me hacía suponer que iban a ser liberados. Sin embargo, obviamente, siguen desaparecidos”2. El testimonio permite inferir que en el “Pozo de Quilmes” se decidía la desaparición de algunos prisioneros, aunque otros detenidos fueron vistos en otros CCD luego de su paso por el “Pozo de Quilmes” y antes de ser asesinados.
El sobreviviente Alberto Maly —contrariando lo que muchas veces se afirma respecto de que la Policía no contaba con una estructura suficiente para arrojar cadáveres al Río de La Plata— cuenta haber oído que desde el CCD también se articulaban los conocidos “vuelos de la muerte”: “De ese lugar se trasladaba gente para arrojar de los aviones, se los trasladaba a la IMPA3 y de ahí al Río de la Plata […]. En una oportunidad que a mí me bajaron para interrogarme y esta vez no con máquina, perdón, con Susana, o sea la picana, me dejaron parado en la bajada de la escalera, ya llegando a la planta baja y ahí estaban todas las oficinas y escucho a una voz que dice: tenemos cuatros traslados a la IMPA”4.
Un caso que reviste una particularidad es el del prisionero Pablo Díaz. Él fue trasladado desde el “Pozo de Banfield” al “Pozo de Quilmes” el 28 de diciembre de 1976 por la noche. Unas horas antes, un militar —al que más tarde reconoció como el Mayor del Ejército Penna— le comunicó que habían decidido “que iba a vivir” y que iba a quedar en libertad “por decisión del general”. Efectivamente, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ordenó su legalización está fechado el 28 de diciembre de 1976 y firmado por el General Jorge Rafael Videla. Sin embargo Pablo Díaz permaneció en el Pozo de Quilmes hasta el 24 de enero, cuando fue trasladado a la Comisaría 3º de Valentín Alsina. Es decir que el detenido pasó casi un mes en la Brigada de Investigaciones de Quilmes a disposición del PEN, esto significa “legalizado”, aunque su familia no sabía de su cautiverio, y sus condiciones de vida allí, al igual que las de los demás detenidos clandestinos, eran infrahumanas5.
Los casos puntuales reseñados hasta aquí son sólo una muestra de lo que en realidad fue una práctica sistemática: existía un contacto operativo permanente entre la Brigada de Investigaciones de Quilmes y otras dependencias —sobre todo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero también militares y penitenciarias— que integraban ese mismo circuito represivo.
A partir de los relatos de los sobrevivientes, podemos reconstruir una primera lista de las dependencias —discriminadas por fuerza— con las que el “Pozo de Quilmes” tuvo una conexión más directa, en términos de traslados de prisioneros entre uno y otro lugar y de represores que actuaban indistintamente en varios sitios de manera simultánea y alternada.
Policía de la provincia de Buenos Aires:
- Centros clandestinos de detención de la zona de Arana
- Brigada de Investigaciones de Banfield (“Pozo de Banfield”)6
- Subcomisaría de Don Bosco (“Puesto Vasco”)
- Comisaría de Villa Echenagucía (Avellaneda)
- Comisaría 3º de Valentín Alsina
- Comisaría 8º de La Plata
- Comisaría 9º de La Plata
- Comando de Operaciones Tácticas (COT) 1 de Martínez
Servicio Penitenciario Bonaerense:
- Unidad Penal Nº 9 de La Plata
- Unidad Penal de Devoto
Ejército:
- Regimiento de Infantería 3 de La Tablada
3. El “Pozo de Quilmes”, una pieza del Plan Cóndor:
El “Pozo de Quilmes” fue un eslabón en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, que consistió en la coordinación entre las dictaduras de varios países del Cono Sur —Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay—, para implementar la represión ilegal a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, sin límites de fronteras ni jurisdicciones nacionales.
Este plan represivo coordinado tenía como objetivos fundamentales7:
- Eliminar las actividades de guerrilleros, activistas y opositores en el Cono Sur de América Latina.
- Impedir que los buscados encontraran refugio en países vecinos.
- Centralizar la información regional de inteligencia.
- Permitir la instalación de “delegaciones” de un país a otro.
- Formar equipos conjuntos para operar dentro del área.
- Coordinar un plan de Vigilancia de Fronteras (VF) para control del movimiento de personas entre los países del área.
- Formar equipos de ejecución de “blancos” para operar fuera del área (por ejemplo: el asesinato del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, perpetrado en Washington, EEUU).
El Plan Cóndor preveía el secuestro de personas perseguidas en sus países de origen que se encontraban refugiadas en otra nación (por ejemplo, chilenos y uruguayos que habían escapado hacia Argentina por las dictaduras instaladas en 1973 en sus países, o argentinos que, corridos por el golpe de Estado argentino en 1976, huyeron a Paraguay, Bolivia o Brasil). Y, por otra parte, en cada país se daba vía libre para actuar a represores venidos de esos otros países, que en general operaban sobre “sus” perseguidos. El Plan Cóndor incluyó un fluido intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de los gobiernos dictatoriales: fichas personales, seguimientos, fotografías, e informes de inteligencia sobre los militantes exiliados. Como ejemplo, basta mencionar el expediente con más de 600 hojas que fue hallado en los archivos del Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), remitido originalmente por la Jefatura de Policía de Montevideo a la Superintendencia de la Policía Federal Argentina. El legajo cuenta con información acerca de más de 60 presuntos integrantes del MLN-Tupamaros, y requisitorias de datos personales por parte de las autoridades de ambos países8.
En el “Pozo de Quilmes” encontramos las dos caras de la moneda: por un lado, está constatado el paso por este centro clandestino de prisioneros extranjeros provenientes de Uruguay, Paraguay y Chile. Y, por otro lado, en la dependencia tuvieron una participación activa represores extranjeros, en este caso pertenecientes al Ejército uruguayo, que se ocupaban de interrogar y torturar a los detenidos ilegales de esa nacionalidad.
La integración del “Pozo de Quilmes” a la operatoria puesta en marcha con el Plan Cóndor se cristalizó de manera más paradigmática con el caso de los prisioneros y represores uruguayos.
A partir del 21 de diciembre de 1977 y hasta abril o mayo de 1978, fue secuestrado en Argentina un numeroso grupo de uruguayos que se encontraban refugiados en nuestro país, la mayor parte de ellos vinculados directa o indirectamente entre sí por las organizaciones políticas en las que militaban9. Fueron vistos en distintos CCD del “Circuito Camps”. Al COT1 Martínez fueron trasladados presumiblemente los activistas del GAU y AMS. Al “Pozo de Quilmes” habrían sido llevados los secuestrados del MLN y PCR y, después de las primeras sesiones de tortura, fueron alojados en el “Pozo de Banfield”. Aunque en algunos casos puntuales fueron trasladados a otros centros clandestinos temporariamente (por ejemplo, para algunas sesiones de tortura), casi todos ellos estuvieron durante la mayor parte de su cautiverio en el “Pozo de Quilmes” y el “Pozo de Banfield”. De hecho, a partir de la presencia de los prisioneros uruguayos, hubo un gran movimiento e intercambio de detenidos ilegales entre estos dos centros clandestinos.
En esta conexión Banfield-Quilmes, había funciones específicas de cada centro clandestino: muchas víctimas eran, por ejemplo, alojadas en Banfield y trasladadas a Quilmes para las sesiones de tormentos. Y, haciendo el camino inverso, varias detenidas uruguayas que se encontraban embarazadas permanecían alojadas en Quilmes, pero al momento de dar a luz eran trasladadas a Banfield, cuya Maternidad Clandestina funcionaba de manera más “aceitada” y sistemática10.
Vale citar como ejemplo los casos de la familia Severo Barreto, Mary Artigas, Alfredo Moyano, Aída Sanz, Eduardo Gallo Castro, Yolanda Casco, Julio César D’Elía, María Antonia Castro o Mario Martínez, para citar sólo algunos de los cerca de 30 uruguayos cuyo cautiverio en el “Pozo de Quilmes” está comprobado. Entre el 15 y el 16 de mayo de 1978, principalmente desde el “Pozo de Banfield”, en grandes y violentos operativos, casi la totalidad del contingente de uruguayos sufrió el traslado final11.
Respecto de los represores, casi todos los testimonios de sobrevivientes coinciden en señalar que en el “Pozo de Quilmes” actuaban, con total libertad de acción, militares del Ejército uruguayo12. La participación incluía, a veces, un papel en el secuestro. El ex detenido Alberto Illarzen afirmó que él y su esposa fueron raptados “por un comando paramilitar uruguayo-argentino. Sabemos que eran uruguayos no sólo por su forma de hablar sino además porque en ningún momento lo ocultaron, incluso dos de ellos fueron reconocidos por personas secuestradas”13. Agregó que en el centro clandestino “había tantos oficiales argentinos como uruguayos, y también personal de menor rango entre los uruguayos”14. El militar de mayor jerarquía dentro de este grupo era Wilson Martínez, apodado “Saracho” o “Capitán Sarachu”15. Otros represores uruguayos mencionados por los sobrevivientes del “Pozo de Quilmes” son Ariel Prete o Pretel, Ernesto Ramas16 y una mujer, oficial del Ejército uruguayo, apodada “Sargento Peters”.
El testimonio de Beatriz Liliam Bermúdez Calvar17, otra de las pocas prisioneras uruguayas que logró sobrevivir al cautiverio en el “Pozo de Quilmes”, sirve para ilustrar el manejo de los represores uruguayos en los centros clandestinos de detención argentinos. Bermúdez Calvar relató18 que en el “Pozo de Quilmes” fue interrogada por los militares uruguayos: “Me dijeron que relatara mi vida estudiantil en Uruguay (...). Allí comencé a darme cuenta que entre tantos hombres había uruguayos y hasta montevideanos (como yo). El tono de voz era y es diferente, las palabras empleadas eran uruguayas y más aun el conocimiento de pequeñas cosas oriundas de Montevideo”. Agregó que demostraban un conocimiento amplio de los espacios de militancia en Uruguay (“insistían sobre agrupaciones políticas del liceo y preparatorio que los conocían bien”), y que manifestaban especial interés en averiguar el paradero y actividades de otros uruguayos en el país (“me preguntaron de uruguayos que yo frecuentaba acá en Argentina”). Bermúdez Calvar contó que, luego de ser liberada, sufrió una larga etapa de “libertad vigilada” con visitas de los represores a su domicilio e intentos de extorsión: en esas visitas “había por lo menos dos uruguayos, porque (ya tan impunes) venían con la "matera" (típica mochila uruguaya para portar el termo y el mate)”.
1 Testimonio presentado en la CONADEP del Archivo de la Secretaría de DDHH, en 1984, y publicado en el libro “A todos ellos. Informe de Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”. Montevideo, 2004.
2 Testimonio de Gustavo Calotti en el Juicio por la Verdad de La Plata (causa nº 1098/SU, 24 de febrero de 1999).
3 La sigla IMPA corresponde a lo que fue “Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas”, que dejó de funcionar como tal en la década del ’50: en ese edificio, desde la década del ’70, funcionó la Escuela de Aeronáutica de Quilmes.
4 Testimonio de Alberto Maly en el Juicio por la Verdad de La Plata, citado anteriormente.
5 Cuando Pablo Díaz fue trasladado junto a José María Noviello a la Comisaría 3º de Valentín Alsina, el comisario no quiso alojarlos por el deplorable estado físico en el que se encontraban. En el trayecto a la comisaría, a bordo de una camioneta del Ejército, los guardias les habían dicho: “ustedes ya están legalizados, sáquense todo”. Y les sacaron las vendas. De la comisaría fueron trasladados a la Unidad 9 de La Plata, donde luego de pasar unos días incomunicados en la enfermería, el 28 de febrero de 1977 les avisaron a sus familias que estaban con vida.
6 Esta conexión en particular será desarrollada más adelante, en el apartado dedicado al lugar que ocuparon el “Pozo de Quilmes” y el “Pozo de Banfield” dentro del Plan Cóndor.
7 La enumeración que sigue fue extraída del capítulo titulado “El Plan Cóndor” de: D’Andrea Mohr, José Luis. Memoria Debida. Ediciones Colihue, Buenos Aires, 1999. Versión digital publicada en el sitio web www.nuncamas.org
8 Según el libro “A todos ellos. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”, se estima una cantidad de 180 ciudadanos uruguayos desaparecidos entre 1976 y 1982 en nuestro país.
9 En el libro “A todos ellos” (citado anteriormente) se define la relación entre las distintas organizaciones: “Los militantes GAU (Grupos de Acción Unificadora) estaban vinculados políticamente a través de la UAL (Unión Artiguista de Liberación) a AMS (Agrupaciones Militantes Socialistas) y al PCR (Partido Comunista Revolucionario), a su vez, tenían una imprenta común. Militantes de estos grupos a su vez, mantenían vinculación con militantes del MLN-Tendencia Proletaria”. Pag. 272.
10 Continuaremos desarrollando este aspecto específico de la relación entre ambos CCD en el apartado siguiente, dedicado al funcionamiento del “Pozo de Quilmes” en relación a las detenidas embarazadas.
11 Existen ciertos indicios de que algunos de los uruguayos detenidos en Quilmes hayan sido trasladados directamente a Uruguay —en diciembre de 1977 y abril/mayo de 1978— y puestos a disposición de las fuerzas de seguridad de ese país.
12 Estos oficiales y suboficiales integraban en Uruguay el grupo denominado OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), el organismo que en ese país centralizó el ejercicio de la represión ilegal, y que estaba integrado por miembros de los Servicios de Inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas uruguayas. Dependía del Servicio de Información y Defensa (SID) del Ministerio de Defensa de ese país (en: Semanario Brecha, 24/02/06, www.brecha.com.uy). El OCOA comenzó a funcionar a mediados de 1974. “Los efectivos militares tenían una doble dependencia de mando. Por un lado, recibían órdenes de la unidad en la que revestían dentro del Ejército, la Armada o la Aviación, y por otro lado dependían del SID y del Esmaco [Estado Mayor Conjunto] en su misión, actividad o función de Estado” (en: Rodríguez, Roger. “Informe del comandante Díaz contradice documentos elaborados por la dictadura”, diario La República, 13 de octubre de 2006, versión digital en www.larepublica.com.uy). En cada una de las tres Armas, se crearon grupos OCOA. En el caso del Ejército, “cada OCOA estaba comandado por un general, dos coroneles, tres comandantes, que dirigían las acciones del personal de «Operaciones» a los que se denominaba «Oscar» y de los agentes de «Información» a los que se llamaba «Indios» (…). Los militares que cumplieron actividades en materia de «seguridad» o en «operaciones antisubversivas», fueran servicios de inteligencia del Ejército (S II), la Armada (N II), la Aviación (A II) o la Policía (DN II), coordinaban con el SID y el Esmaco, que informaba a la junta de oficiales y la junta de comandantes” (en: Rodríguez, Roger. Op. Cit.). El OCOA uruguayo, para operar en Argentina, utilizó como base fundamentalmente cuatro centros clandestinos de detención: el “Pozo de Quilmes”, el “Pozo de Banfield”, el COT 1 Martínez y “Automotores Orletti”.
13 Testimonio presentado ante la Comisión de DDHH de Naciones Unidas y otros organismos, en mayo de 1979 y publicado en el libro “A todos ellos. Informe de Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”. Op. Cit.
14 En legajo CONADEP nº 4068 (correspondiente a Alberto Illarzen).
15 Es preciso distinguirlo del represor argentino Valentín Milton Pretti, también apodado “Saracho”, quien también actuó en el “Pozo de Quilmes”, además de otros centros clandestinos de detención como el COT1 de Martínez y “Puesto Vasco”. Véase el Anexo sobre Represores del “Pozo de Quilmes”, que acompaña este informe.
16 En diciembre de 2006 fue extraditado por la justicia uruguaya a pedido del juez Guillermo Montenegro que lleva adelante la causa que investiga los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
17 Su declaración en la causa penal que investigó la sustitución de identidad de Carmen Gallo Sanz (hija de los uruguayos Aída Sanz y Eduardo Gallo Castro) fue fundamental para la condena de los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Antonio Bergés por parte del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, en marzo de 2004.
18Testimonio de Beatriz Bermúdez Calvar ante el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en la causa que actualmente tramita ante el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, bajo el número 4/SE (ex 13.848), caratulada “Bergés, Jorge Antonio s/delito de acción pública”, agosto de 2005.