Area Jurídica

Reiteradamente el Equipo Jurídico de la Institución ha sostenido, en sus presentaciones, que la sustracción y el ocultamiento de los menores nacidos en cautiverio y de aquellos que desaparecieron ya nacidos, es parte de un plan sistemático que incluyó los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas de adultos, el robo y otros delitos ejecutados por integrantes de las fuerzas de represión, seguridad, policiales, penitenciarias, etc. junto con las Fuerzas Armadas.

En los juicios que se han llevado a cabo por violaciones a los Derechos Humanos a las Juntas Militares, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, etc., los jueces que intervinieron (por lo general de Cámaras Federales de Apelación), llegaron a la conclusión que la sustracción de menores no obedecía a un plan sistemático de las autoridades que habían usurpado el poder el 24 de marzo de 1976.

Entendemos que esos jueces, en las causas que llegaron a su conocimiento, no han recabado las pruebas suficientes como para acreditar que la sustracción de nuestros niños no fue obra de la casualidad, o de actos aislados de meros robos de menores.

Ha quedado fehacientemente acreditado, a través de numerosos testimonios brindados ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), y en causas judiciales que existieron centros clandestinos de detención de mujeres embarazadas desaparecidas que funcionaron como verdaderas maternidades (Escuela de Mecánica de la Armada, por ejemplo) hacia donde eran trasladadas embarazadas desaparecidas desde distintos puntos del país para dar a luz.

Concluimos entonces que la "verdad" formal contenida en los expedientes judiciales comentados difiere sustancialmente de la verdad histórica, la que buscamos las Abuelas de Plaza de Mayo en sus esfuerzos por localizar y restituir a estos niños.

A pesar de la vigencia de gobiernos constitucionales las Abuelas seguimos encontrando serios problemas en la tramitación de los juicios. Hay grandes resistencias en muchos miembros del Poder Judicial que no entienden que nuestros nietos son víctimas de numerosos delitos, aunque ahora se encuentren viviendo con los apropiadores en una "buena y óptima condición económico-social". Estas resistencias no solo dilatan el acto de la restitución, sino que en muchos casos, lo impiden en su totalidad.

Las medidas cautelares existentes resultan ineficaces. La interdicción de salida del país, por ejemplo, es totalmente inútil en el caso de los prófugos de la justicia y ha dado origen al fenómeno de las segundas desapariciones de niños localizados.

Todavía no se han articulado nuevas medidas de procedimiento y de fondo que atiendan a situaciones totalmente inéditas como las restituciones de niños secuestrados a sus legítimas familias.

Existen graves problemas en los juicios de filiación, que tienen fuero Civil, cuando es necesario una previa sentencia penal. En estos casos todo el proceso sufre dilaciones en el tiempo y esto tiene como consecuencia que el niño tenga dificultad para manejarse con su verdadera y única identidad.

Nuestra Asociación, además de llevar adelante los numerosos juicios Civiles y Penales, propicia reformas en la legislación que tiendan a modificar las situaciones antes descriptas.

Creemos que el Derecho y la Justicia no pueden caminar al margen de una realidad tan dolorosa como es el tema de los niños desaparecidos y nacidos en cautiverio. Es necesario que incorporen el problema de manera tal que los beneficios de la reforma alcancen a los niños víctimas de estos delitos y a la comunidad infanto-juvenil en su conjunto.