Bariloche, 8 de julio de 2004 |

Declarar personas no gratas a Samuel Miara y su esposa, Beatriz Alicia Castillo de Miara en la Ciudad de Bariloche.

La Red por la Identidad de los Lagos del Sur hace público su categórico repudio a las agresiones que el ex comisario Samuel Miara infligió a la reportera gráfica Alejandra Bartoliche, como así también demanda a las autoridades -junto a Abuelas de Plaza de Mayo y ARGRA- las acciones debidas para castigar al responsable, que evidencia en sus acciones disfrutar de una impunidad reiteradamente denunciada.

Miara fue juzgado y condenado por el delito de retención y ocultamiento de menores de 10 años reiterado (2 hechos) en concurso real, ya que en mayo de 1977 inscribió como propios a los mellizos hijos del matrimonio compuesto por Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Ana Tolosa, ambos secuestrados en febrero de 1977 y hoy desaparecidos. El ex comisario era miembro de la Policía Federal, y como tal se desempeñó, en 1976, en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal y fue ascendido al cargo de Principal; en 1978 pasó a revistar en el Departamento de Delitos Subversivos. Estas funciones prueban su responsabilidad en la represión ilegal instrumentada por la dictadura oligárquico militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

En el marco de una disputa histórica entre aquellos amplios sectores que pugnaban por la justicia social y aquellos que defendían los intereses de unas pocas familias, vinculadas al poder económico vernáculo y trasnacional, el modelo impuesto por la dictadura apuntó a reducir el poder adquisitivo y la organización de los trabajadores, para lo cual bajó abruptamente los salarios, propició la desindustrialización y endilgó al Estado la deuda que habían contraído los privados, entre muchas otras medidas que fracturaron la estructura social y económica del país. Como tantas otras veces en la historia, la violencia fue ejercida desde el Estado, para aplicar ese modelo injusto. Aunque como nunca antes, la represión fue feroz, instruida desde los centros mundiales del poder. Quizás porque como nunca antes, el pueblo argentino había alcanzado un grado de organización que hacía peligrar los proyectos oligárquicos. Trabajadores, militantes políticos, sociales, religiosos, y toda forma de organización so cial que expresara su oposición a la dictadura, fueron perseguidos, secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos. Además de la desaparición física de miles de militantes, la política del proceso militar provocó la desaparición de cientos de miles de trabajadores que al perder sus fuentes de trabajo no tuvieron ya posibilidades de insertarse en la sociedad.

Para mantener ese modelo de muerte, la dictadura decidió que el terror y el desmembramiento de la sociedad alcanzara a varias generaciones. Fue así que planificaron la apropiación sistemática de cientos de niños, hijos de desaparecidos y asesinados, que habían sido secuestrados junto a sus padres o habían nacido durante el cautiverio de sus madres. Estos niños fueron arrancados de los brazos de sus padres, en muchos casos a las pocas horas de nacer, y dejados por las fuerzas de seguridad en instituciones públicas, dados en adopción sin dar aviso a su familia verdadera, o fueron apropiados por los mismos represores o sus allegados. La documentación de los niños fue adulterada, como así también sus nombres, sus datos filiatorios, su historia familiar.

La apropiación de menores es un delito de lesa humanidad, que es imprescriptible. La violación del Derecho a la Identidad se comete todos los días: en tanto la persona no conozca sus datos filiatorios, las familias de las cuales proviene, continúa siendo víctima de quien le niega su verdadera identidad.

La grave situación económica y social que padece actualmente nuestro país, tiene su origen en las políticas aplicadas por la dictadura: el aumento de la deuda externa, la exclusión social de inmensos sectores de la población, el individualismo arraigado en la sociedad, producto del miedo y la ruptura de los lazos sociales, son hechos lamentables de los cuales también es responsable Samuel Miara, como probado actor de las fuerzas que mantuvieron a la dictadura en el poder.

A pesar de la situación descripta, hay quienes sostienen todavía los valores de la justicia, del trabajo, de la reivindicación de los derechos humanos, de la verdad. La lucha incansable que las Abuelas de Plaza de Mayo han llevado adelante en la permanente búsqueda de sus nietos, ha permitido que muchos de los represores fueran juzgados por sus crímenes en los últimos años. También se ha avanzado en la recuperación de los niños –hoy jóvenes-, que suman ya un total de 77. Pero aún permanecen con su identidad falseada, cerca de 500.

La Red por la Identidad de los Lagos del Sur trabaja para que ellos, y otros que duden de su identidad por otras causas que no están relacionadas con la dictadura, puedan conocer su verdadero origen.

Los hijos de las Abuelas, que lucharon y dedicaron sus vidas a la lucha por una sociedad con justicia, son nuestro ejemplo.

Por ello manifestamos hoy nuestra firme decisión de mantener viva la memoria, porque sólo haciendo explícitos los hechos del pasado podemos construir con bases sólidas nuestro presente y futuro. Actualizamos el debate sobre lo ocurrido durante la última dictadura porque tiene vinculacón directa con nuestra realidad actual. Y en este sentido afirmamos nuestro categórico rechazo a la presencia de Samuel Miara y su esposa en la ciudad de Bariloche, lugar donde muchos integrantes de la Red hemos nacido o hemos elegido como lugar para vivir, aspirando al pleno goce de nuestros derechos y a la construcción de una sociedad con justicia y verdad.

En la sesión del día de hoy del Concejo Delibertante Municipal, fue anunciada la presentación de un Proyecto para Declarar Personas No Gratas en la Ciudad de Bariloche al ex comisario y represor Samuel Miara y su esposa, Beatriz Alicia Castillo de Miara, por su probada responsabilidad en la comisión del delito de retención y ocultamiento de menores de 10 años reiterado (2 hechos), ya que en mayo de 1977 el matrimonio inscribió como propios a los mellizos hijos de Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Ana Tolosa, ambos secuestrados en febrero de 1977 y hoy desaparecidos.

En el mencionado proyecto, que se adjunta, se mencionan los fundamentos y antecedentes en que la concejal se basa para pedir esta declaración, fundamentalmente la probada participación de Miara en la represión ilegal, su responsabilidad en los crímenes políticos y económicos que cometió la dictadura oligáquico militar, y la responsabilidad personal y de su mujer en un delito de lesa humanidad imprescriptible como es el de la apropiación de menores. A estos gravísimos cargos, se suma el hecho reciente de la agresión infligida por Miara a la reportera gráfica Alejandra Bartoliche, ocurrida en nuestra ciudad.

Asumimos con esta presentación el compromiso de defender el Derecho a la Identidad, y el mantenimiento de la memoria histórica de nuestra comunidad, declarando el absoluto repudio a los hechos de violencia cometidos por la última dictadura militar.

Concejal Beatriz Contreras
Bloque Encuentro de los Rionegrinos